Queja
Lima, 30 de mayo de 2005
Señor
Doctor
Marcial Rubio Correa
Presidente
Tribunal de Ética del Consejo de Prensa Peruana
Presente. –
De mi consideración:
Nelly Calderón Navarro, ciudadana peruana, Fiscal de la Nación, identificada con documento nacional de identidad 08773571, señalando domicilio en avenida Tomás Marsano 3817, Lima 33, Surco, en ejercicio de mis derechos ciudadanos me presento ante usted y digo:
Interpongo Queja contra el diario “La República” por la publicación y el tratamiento periodístico que se le ha dado a una información, relacionada con la admisión de una denuncia presentada por el Congresista Javier Diez Canseco ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, lo cual, considero, afecta mi persona, por lo que me siento agraviada por el daño causado por su primera plana, sus titulares, sus informaciones y conclusiones y el pto que esto genera en la opinión pública.
Al respecto, adjunto al presente los siguientes anexos la edición del referido diario, del día 26 de mayo; su portada (Anexo 1), titular de la sección política “Por intervenir en caso del Banco Wiese” (Anexo 2). Asimismo, la edición del día 27, “Entrevista al Congresista José Luis Delgado” (Anexo 3), el titular “Fiscal de la Nación dice no será investigada” (Anexo 4), Comunicado del Ministerio Público de fecha 26 de mayo (Anexo 5), Editorial del diario “El Comercio» del día 8 de febrero de 2005 (Anexo 6), titular del diario «La República» del día 12 de mayo “Respaldo a La República” (Anexo 7), Entrevista a periodistas César Romero y Ángel Paez, en el programa «Hoy con Hildebrandt», emitido el 15 de febrero de 2005 (Anexo 8).
Introducción. –
El diario La República desde finales del mes de febrero, ha vinculado el tema del Banco Wiese con mi persona, en cuanto a una supuesta intervención en la autonomía de los magistrados, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Dicho tema ha sido tratado fundamentalmente por los periodistas César Romero y Ángel Páez, con intervención de la periodista Sheila Díaz, tal como se aprecia de los créditos que aparecen en las ediciones a las que se hace referencia. En las ediciones de los días 26 y 27 de mayo, el diario “La República” ha publicado portadas, titulares, informaciones y conclusiones en un contexto, en mi opinión, tendencioso y de mala fe, que a continuación paso a explicar:
Antecedentes:
El día 6 de abril del presente año solicité un pedido de rectificación, a través del Tribunal de Ética, contra el diario La República, el mismo que fue declarado fundado y ordena la publicación de la carta de rectificación, lo que no se ha cumplido hasta el día de hoy. En aquella decisión se consideró que “de la forma de presentación y la interpretación de los hechos materia de rectificación se tiene el derecho a una rectificación”.
En otras palabras, en algún momento del procesamiento o acopio de la información se ha producido un hecho que no ha permitido hacer llegar a la opinión pública una información adecuada, lo cual me ha afectado y ha dado inicio al derecho de rectificación.
En este contexto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales toma una decisión y es el diario en cuestión, en primicia, el que hace llegar a la opinión pública esta información del Congreso, el mismo día, cabe resaltar que es el único medio que obtiene esta información, la misma que es redactada por el periodista acreditado y encargado de las noticias judiciales en el Poder Judicial y el Ministerio Público, César Romero, quien no cubre o representa a su medio en el Parlamento.
Posteriormente, se ha publicado en las ediciones de los días 26 y 27; informaciones, afirmaciones y conclusiones categóricas, que no se ajustan a la realidad, y en algunos casos contradictorias, las cuales en mi opinión han sido hechas deliberadamente con una intención culposa de deformar mi actuación y conducta.
Fundamentos de la Queja.-
- En la edición del 26 de mayo de 2005:
El diario La República publica en su portada (Anexo 1) «Congreso investigará a Calderón» y en el sobretítulo afirma «Fiscal de la Nación en problemas».
A continuación, en la página dos (Anexo 2) de su sección política bajo el mismo titular, como subtítulo del titular principal afirma: «Por intervenir en caso del Banco Wiese”. “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acoge denuncia por prevaricato y abuso de autoridad. Fiscal de la Nación deberá concurrir al Congreso a presentar sus descargos”. “Podría ser separada de la Fiscalía».
- Hay que destacar que en este texto, firmado por el periodista César Romero, se informa sobre el procedimiento de la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de manera tal que los supuestos hechos son verdaderos, concluyendo en supuestas sanciones a la Fiscal de la Nación, las cuales no reflejan la realidad, no son en ningún momento una opinión sino aseveración en un contexto de información. Tal como consta en el Anexo 2, que literalmente dice lo siguiente:
«La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, será investigada por el Congreso por los delitos de abuso de autoridad y prevaricato “interferir” en la investigación judicial sobre el salvataje del Wiese» Dicho texto es sin duda una aseveración que resulta siendo inexacta por dos razones:
- – Por cuanto según el Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se encarga de calificar la admisibilidad o no de las denuncias por razones de forma, más no se pronuncia sobre el fondo de la misma, sino que revisa cumpla con una serie de requisitos para su admisión, tales como la identificación del denunciante, descripción de hechos, fundamentos de derecho. La decisión, en sí, de ésta subcomisión es de admitir la denuncia, no significa, en ningún momento, en consecuencia que la Fiscal de la Nación «.. .será investigada…».
- – Tampoco se puede afirmar que la Fiscal de la Nación “ha interferido en una investigación” por cuanto no sustenta esta afirmación e incluso no lo pudo hacer en la edición que ha sido materia de decisión de rectificación por ese Tribunal.
Más adelante, el periodista César Romero informa: “la investigación se sustenta en la decisión de la Subcomisión…… de declarar procedente y admisible la denuncia…. ” Para luego continuar en otros de sus párrafos que: «Ellos (congresistas integrantes de esta subcomisión), emitieron un informe que entregaron a la Comisión Permanente del Congreso, a fin de que se realice la respectiva investigación». Esta afirmación carece de sustento y de precisión, por cuanto, dicho informe de calificación formal de la subcomisión deberá pasar a la Comisión Permanente del Congreso de la República, para luego ser esta instancia la que decida, en principio, aprobar o rechazar dicho informe, por lo tanto no es veraz afirmar y sobretodo concluir, que el fin de la subcomisión, es decir la realidad en estos momentos, es que el congreso investigará a la Fiscal de la Nación (titular del diario Anexo 1). Como tampoco es preciso, en esa lógica, dejar entender a la opinión pública que el paso siguiente es presentar los descargos, así como la posibilidad de ser separada de la Fiscalía de la Nación (titulares Anexo 2). Esta hipótesis, no es la única, hay muchas hipótesis que se pueden presentar al momento de concluir un informe, esto supone dos posibilidades, o el periodista desconoce por completo el área que informa o hay una intención de confundir a la opinión pública, en ambos casos el daño ya está hecho con la primera portada, los titulares y el contenido de la información.
3- En cuanto a la información periodística del señor César Romero, que afirma y concluye en su párrafo final «Ahora corresponderá a la Comisión Permanente del Congreso designar una comisión especial que investigue a la fiscal de la Nación,…» tampoco se ajusta a la realidad pues no concuerda con los procedimientos reglamentarios que establece el Congreso del Reglamento del Congreso de la República, en este caso Artículo 89, literal d), que taxativamente dice: “Procedimiento de acusación constitucional”.- Mediante el procedimiento de acusación constitucional se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99° de la Constitución Política. El procedimiento de acusación constitucional se desarrolla observando las siguientes reglas: “d) La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales presentará su informe de calificación a la Presidencia de la Comisión Permanente. Ésta aprobará, sobre la base del informe de calificación y con la mayoría de sus miembros presentes (previa votación), el plazo dentro del cual la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe, el cual no podrá ser mayor de quince (15) días”. Es decir hay una sola hipótesis que se maneja en esta información, la Fiscal de la Nación es culpable, es cuestión solamente de tiempo: «… la llame a declarar, luego de lo cual se someterá el caso al pleno del Congreso, que tendrá la última palabra, pudiendo destituirla”. Aquí, sin duda se puede apreciar que la información es parcializada, pues solo es posible una hipótesis para el periodista, y segundo sólo se toma la referencia de una de las partes, es decir del Congresista que planteo la denuncia, y que escribe en ese periódico casi a diario.
4- Continuando en esta edición, y sobre el supuesto “descargo” de la Fiscal de la Nación en la nota titulada «Datos», el periodista “afirma” haberse comunicado con la Oficina de Comunicaciones de la fiscalía (hecho que ratifica en la edición del día 27), y precisa que la Fiscal de la Nación “guarda silencio”, información dada al periodista a través de «voceros», que un día después señala con nombres y apellidos. En principio, no existe en la Fiscalía de la Nación, la figura del voceros (formal ni informal siquiera), toda información tiene su canal adecuado que es la Gerencia de Comunicaciones Institucionales, por lo que tiene el periodista César Romero la carga de la prueba de las maneras y formas como ha solicitado el autor de la nota la opinión de la Fiscal de la Nación. La Gerencia Central de Comunicaciones en un comunicado posterior (Anexo 5) y posteriormente como esto llega a ser “la versión de la Fiscal de la Nación”. Es posible que esto haya sido publicado con la finalidad de aparentar la opinión de las dos partes, cuando en realidad sólo se manifiesta una de ellos, faltando de esta manera al derecho de replica, veracidad e imparcialidad de la información.
II- En la edición del 27 de mayo.
5- Se presenta la entrevista hecha por otra periodista, la Srta. Sheila Díaz, al Congresista José Luis Delgado, en la que éste afirma que la acusación contra mi persona es procedente, explica el procedimiento, y afirma: “nosotros hemos considerado que la acusación del Congresista es procedente, lo que significa que reúne todo los requisitos para una acusación” “Será la Comisión Permanente la que determinará el inicio de la investigación”. Es decir el congresista demuestra la contradicción con la información publicada por el periodista César Romero, entre tanto el daño esta causado contra mi actuación y conducta con una portada y titulares acompañados de conclusiones, lo que evidencia la inconsistencia en el procesamiento de la información el día de ayer, y por lo tanto una falta a los deberes y ética del periodismo.
6- En cuanto a la información que hace referencia en la edición del día 27 al comunicado de la Gerencia de Comunicaciones del Ministerio Público, La República hace dos precisiones:
- – Que el fallo del “Consejo de Ética” (así lo llama textualmente el periodista) no indica que fecha debe cumplirse, por lo que teniendo en cuenta lo extenso de la carta, la publicación está prevista para el próximo lunes. Al respecto, resulta necesario hacer algunas precisiones: La decisión del Tribunal de Ética, es una sanción contra el diario, no es un pedido, ni una solicitud, no está condicionada al espacio o posibilidades por recargada labor del medio, sino una sanción por incumplimiento a ciertos valores y por un daño generado contra el honor, no de una mujer o de una persona, sino contra un alto funcionario público. En todo caso, antecedentes como el de la revista “Newsweek” nos demuestra la necesidad de la rectificación inmediata y oportuna en aras de la credibilidad de la prestigiosa labor del periodismo. De que puede servir una rectificación inoportuna o condicionada a una voluntad o interés que esta por encima de la dignidad de la persona. Más aún, si fuera esto cierto, entonces como se puede explicar que el día 12 de mayo de los presentes el diario La República publicó una nota en la que afirma: “Respaldo a la República” “TRIBUNAL DE ÉTICA DEL CONSEJO DE LA PRENSA Desestima queja de Rafael Rey por denuncias de este diario sobre falsificación de firmas de Code-Renovación ” Por cuarta vez en los últimos meses, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana dio la razón a La República, en una queja presentada por un personaje público que fue objeto del escrutinio de los periodistas de este diario…. ”(Anexo 7). Dedicando, de esta manera, un espacio considerable, y posterior a la decisión del Tribunal de Ética en el cual se me da la razón, y todavía aún la portada, titulares e informaciones del día 26 de mayo en contra de mi persona, que son extensos y en primera plana. No puedo sino concluir en una falta de voluntad manifiesta y contraria del diario, del periodista en cuestión, en no publicar o no aceptar una decisión del Tribunal de Ética. ‘
- – En cuanto a la segunda precisión, en la que se afirma que se comunicaron con una funcionario de la Gerencia de Comunicaciones, tal como he mencionado líneas arriba, queda el periodista César Romero con la carga de la prueba, al ser quien afirma tal comunicación, y asimismo de evaluar el Tribunal los métodos, formas y maneras no solamente de comunicarse con una de las partes sino como llega a la conclusión que: “La Fiscal de la Nación se excusó de comentar la decisión” (Anexo 2)
En conclusión, he sustentado ante este honorable Tribunal mi queja por la manera como se ha presentado esta información, los antecedentes de este medio escrito en este tema, y como se perjudica la imagen de la Fiscal de la Nación (como autoridad), colocándola en una condición (investigada) hecho que se ha demostrado no es concreto y más bien corresponde al Congreso de la República la determinación del mismo.
Finalmente, solicito a usted que en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días, conforme al artículo 15 del Reglamento del Tribunal de Ética, se notifique al medio de comunicación aludido y se declare fundada la queja ordenando mandato de publicación y las disculpas del caso.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi consideración y estima personal.
Atentamente,
Nelly Calderón
Respuesta del medio
Lima, 15 de junio del 2005.
Señor:
Marcial Rubio Correa
Presidente del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana
Presente.-
De nuestra consideración
Sobre la queja presentada por la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro, caso
15-05-B, La República desea precisar lo siguiente:
l. La intención de La República
En primer lugar, rechazamos categóricamente la insinuación de la Fiscal de la Nación de que La República y/o sus periodistas tienen una «deliberada intención culposa» de afectar su imagen y/o agraviada. Nada más lejano de la realidad. El único interés que anima a La República y sus periodistas es informar a sus lectores y la opinión pública sobre las decisiones de una autoridad como la Fiscal de la Nación. Nada más, ni nada menos, como en cualquier otro tema que consideramos de interés publico.
2.- Derecho de replica
En segundo lugar, queremos señalar que desde que, en febrero último empezamos a informar sobre la actuación de la doctora Calderón buscamos darle el derecho de réplica a través de una entrevista donde pudiera aclarar nuestras criticas y expresar sus puntos de vista sobre el tema en cuestión. En reiteradas oportunidades los periodistas de La República, Edmundo Cruz, César Romero y/o Ana Véliz se han dirigido, indistintamente, a los señores Paul Paredes, Janet Talavera y/o Jorge Salazar de la Gerencia de Comunicaciones Institucionales, para solicitar que la doctora Calderón nos conceda una entrevista. La respuesta hasta hoy sigue siendo negativa.
Los periodistas no tienen constancia de estas solicitudes, como nos pide ahora la doctora Calderón, pues los pedidos fueron hechos algunas veces por teléfono y la mayoría de las veces personalmente. Como prueba de nuestro interés en dialogar con la doctora Calderón podemos mencionar la entrevista que, previo a nuestro informe del 15 de febrero del 2005, tuvimos con el Fiscal adscrito a la Fiscalía de la Nación, Aldo Cairo y el secretario general Javier Palomino. La entrevista con los señores Cairo y Palomino se realizó en un ambiente del 9° piso del Ministerio Público, cerca de la oficina de la Fiscal de la Nación, luego que se solicitara a Paul Paredes una entrevista con la doctora Calderón. Se nos dijo que ella no iba a hablar, pero que lo podíamos hacer con los mencionados funcionarios. Aceptamos esta propuesta y fue esa versión lo que se publicó el 15 de febrero, lo que demuestra una vez más que La República ha insistido en recoger la versión de la doctora Calderón. (prueba 1).
También podemos agregar que el 16 de febrero, al enterarnos que la Fiscal de la Nación se encontraba en un evento en la ciudad de Piura, se instruyó a nuestros corresponsales en esa ciudad para que insistieran en recoger la opinión de la doctora Calderón. Esta se negó una vez más a declarar sobre el tema. La República informó de esa negativa y del comunicado que la Gerencia de Comunicaciones Institucionales emitió en esa oportunidad. (prueba 2)
3. Nuestra opción: otras fuentes informativas.
Por eso, ante la negativa de la doctora Calderón de dialogar con los periodistas de La República, solo nos queda el recurso de obtener su opinión a través de fuentes indirectas, ya sea los funcionarios de la Oficina de Imagen Institucional y/o el personal de su despacho, conforme se ha publicado. En todos los casos se ha dejado constancia que se trata de la versión de un funcionario cercano a ella, pues la doctora Calderón no desea contestar nuestras preguntas. (prueba 3 y 4)
Rechazamos pues la insinuación de la doctora Nelly Calderón de que el 26 de mayo publicamos una supuesta versión de la Fiscal de la Nación con el único afán de aparentar la opinión de las dos partes. El contacto con la subgerente de relaciones públicas de la Fiscalía, señorita Janet Talavera existió y lo que ella nos dijo es lo que se publicó. Hasta hoy, Janet Talavera no ha negado la existencia de ese contacto, tampoco ha dicho que esa no era la vía correcta para solicitarle el descargo de la doctora Calderón.
4. El 25 de mayo del 2005 y la Gerencia Central de Comunicaciones.
El 25 de mayo, el periodista César Romero llamó al celular del señor Paul Paredes, gerente central de comunicaciones institucionales, sin lograr ubicarlo. En ese momento, aproximadamente las 5:00 de la tarde, la redactora Ana Véliz se encontraba conectada vía el messenger de hotmail hablando con la señorita Talavera los acontecimientos en la oficina de prensa del Ministerio Público e informando de una decisión de la Fiscal especial Juana Meza sobre la investigación a Telecomunicación Hemisfericas y Pedro Toledo. Ese día los diarios Correo y La Razón habían publicado dos sueltos sobre supuestos favoritismos de la doctora Calderón a un determinado diario. (prueba 6 y 7)
Es en esas circunstancias que la redactora Ana Véliz, al enterarse del interés de César Romero por hablar con alguien de la Gerencia de Comunicaciones Institucional y a pedido de éste, comunicó a Talavera que al día siguiente se iba a publicar la decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre la denuncia de Javier Diez Canseco y que queríamos obtener una reacción de la Fiscal de la Nación o de alguno de sus asesores o funcionarios de su despacho. Janet Talavera pidió saber más detalles, se los dimos, quedó en consultar y en darnos una respuesta. Minutos después, suponemos que luego de consultar con sus superiores -no tenemos porque pensar lo contrario-, nos respondió por la misma vía lo que se publicó al día siguiente. Es más se le indicó que se iba a publicar lo que nos había dicho como la versión de un vocero de la fiscalía. Ella dijo estar conforme.
Esta no es la primera vez que la susodicha funcionaria distribuye información a éste y otros diarios por esa vía, como pueden atestiguar los colegas de otros medios. Ella misma, sugirió a César Romero utilizar ese medio para una rápida comunicación, pues siempre está conectada, dijo, cuando permanece en su oficina. Es más, hasta donde sabemos, ese mismo 25 de mayo, Talavera tuvo comunicación por messenger con la periodista Carla Velezmoro del diario La Primera. (pruebas S)
¿Es Janet Talavera una fuente idónea para solicitar una entrevista con la Fiscal de la Nación?. Consideramos que si. Ella en ningún momento nos envió a hablar con otro funcionario. La República no es el único medio que recurre a esta funcionaria para conocer las actividades del Ministerio Público y de la Fiscal de la Nación, como lo atestiguan otros colegas. Es más, tenemos conocimiento, que con ocasión del aniversario del Ministerio Público, el 12 de mayo, la señorita Janet Talavera fue la encargada de coordinar con periodistas de Correo y Perú 21, además de El Comercio, sendas entrevistas con la fiscal de la Nación.
Es falso entonces que La República solo recogió la opinión de una de las partes como afirma la fiscal de la Nación en el punto tres de su queja. La República siempre ha buscado obtener la versión directa de la doctora Calderón, y si esto no ha sido posible, es porque ella no lo ha querido así. Creemos haber agotado todas las posibilidades por nuestra parte.
5.- El comunicado de la Gerencia Central de Comunicaciones.
En el punto cuatro de la queja de la fiscal de la Nación encontramos una contradicción. Primero señala que «toda comunicación tiene su canal adecuado que es la Gerencia de Comunicaciones Institucionales», para luego agregar, que debemos probar, como es que el comunicado de la Gerencia Central de Comunicaciones, se convierte en la versión de la Fiscal de la Nación. ¿De que otra manera podíamos tomar un comunicado de la susodicha gerencia sobre el tema que estábamos tratando? Si el comunicado era la opinión del gerente de dicha oficina, el señor Paul Paredes, esto habría sido de poca importancia para nosotros. El no es objeto de nuestras pesquisa periodística. El comunicado se distribuyó como la voz de la doctora Calderón. El comunicado no dice que esa no sea la opinión de la Fiscal de la Nación. Es más, La República deja constancia en el artículo que obtuvimos esa versión del mencionado comunicado. (prueba 4)
Es más, la tarde del 26 de mayo, el periodista de investigación Edmundo Cruz recibe la orden del subdirector del diario, Carlos Castro de obtener una entrevista con la doctora Calderón sobre este tema. Cruz se comunicó por teléfono con Jorge Salazar, a fin de cumplir ese encargo. Este funcionario, recuerda Cruz, le respondió que la señora Fiscal no iba a darnos una entrevista y que por eso se había emitido un comunicado. Fue el mismo Jorge Salazar el que nos leyó por teléfono el comunicado, cuando le informamos que no lo teníamos. A esa hora, el comunicado ya se había distribuido a otros medios, pese a que La República era el principal interesado en este caso. El 13 de junio último, consultado por Edmundo Cruz sobre el pedido de la Fiscal de la Nación para que probemos en que nos basamos para considerar el comunicado como la versión de la doctora Calderón, Salazar señaló desconocer el contenido de la queja, pero confirmó en todos sus extremos la conversación sostenida con el periodista de investigación.
6. Resolución del Tribunal de Ética No 15-TE/2005
Sobre la resolución del Tribunal de Ética del 4 de mayo del 2005, La República considera que ese documento no significa una sanción a La República o sus periodistas, dado que lo único que se nos pide es publicar la carta de la doctora Calderón sobre el artículo publicado el 2 de marzo. Consideramos que esa resolución no desmiente los hechos de los que hemos informado ni las conclusiones, que como periodistas, hemos obtenido de esos acontecimientos. Lo único que se nos pide es que publiquemos la carta de la doctora Calderón conforme se hizo el 28 de mayo. No se había hecho antes por lo extenso de la carta de la Fiscal de la Nación.
Al respecto, la doctora Calderón en el punto A del acápite 6 de su queja señala que la publicación de la carta debe ser inmediata. Al respecto, habría que recordarse que la nota que se pedía rectificar era del 2 de marzo del 2005, es decir tres meses antes de que el Tribunal de Ética se pronunciara. En tanto, tampoco hay inmediatez, en las resoluciones del Tribunal de Ética a que hicimos referencia en el artículo del 12 de mayo del 2005, pues fueron emitidas con. varios meses de antelación, como se deja constancia en el mencionado artículo, con lo que queda claro que no hay la intención del diario o sus periodistas de no acatar una decisión del Tribunal de Ética, lo único que existía, reiteramos, era falta de espacio por lo extenso de la carta de la Fiscal de la Nación.
En la queja, pese a que tiene fecha del lunes 30 de mayo del 2005, la Fiscal de la Nación no se da por enterada que ya cumplimos con publicar la susodicha carta. (Prueba 8 y 9)
7.- ¿Falta de comunicación?
Nos parece que hay una falta de coordinación entre la Gerencia de Comunicaciones Institucionales y la doctora Calderón, que escapa a nuestro control, y que podría ser la causa de que la Fiscal de la Nación considere que no le hemos dado el derecho de réplica. Abona a favor de esta percepción, el tercer párrafo de los antecedentes de la queja, donde se menciona dos hechos que son totalmente errados: Un error que se puede atribuir a la Fiscal de la Nación y un segundo error, que si bien ella no tiene porque saberlo, si deberían conocer sus asesores y el personal de Gerencia de Comunicaciones Institucionales.
El primer error. La Fiscal de la Nación asegura que publicamos la resolución de la subcomisión de acusaciones constitucionales en primicia, el mismo día que se emitió. Esto es totalmente falso. La subcomisión tomó ese acuerdo, según el documento que tenemos en nuestro poder, el 5 de mayo, es decir 21 días antes de nuestra publicación. (prueba 10).
Segundo error. La Fiscal de la Nación supone una intención subalterna en el hecho de que el periodista César Romero, que habitualmente cubre las incidencias del Poder Judicial y el Ministerio Público, informe de una decisión del Congreso. La doctora Calderón indudablemente no tiene que conocer el funcionamiento interno de un diario, pero si los funcionarios de Comunicaciones. La distribuciones de un diario en secciones, es más una cuestión práctica para facilitar la labor periodística, y no una compartimentación o división legal de funciones, en que las que unos periodistas no pueden hacer lo que otros hacen. No es la primera vez, ni será la última, que César Romero redacte un artículo vinculado a decisiones del Congreso, aunque esa no sea su fuente habitual. En este contexto, tampoco debería llamar la atención que seamos el único medio que obtiene esta información, pues esto es normal, dado que somos el diario que más a destacado el caso del salvataje del Banco Wiese. (prueba 11).
8. Supuestas contradicciones en la información publicada.
Entrando en el fondo de la queja de la Fiscal de la Nación, la doctora Calderón señala supuestas contradicciones entre el artículo del señor César Romero y la entrevista de la periodista Sheila Diaz. Consideramos que no hay tal contradicción, sino el interés de La República en precisar la información sobre el trámite que se ha dado en la mencionada subcomisión a la denuncia contra la doctora Calderón y el trámite que se le dará en el futuro.
Creemos que nuestra apreciación sobre la intervención de la Fiscal de la Nación en el caso del salvataje del banco Wiese no está equivocada, aunque aceptamos que podrían haber dos o más interpretaciones de un mismo hecho. Por la información recibida, La República tiene la convicción de que la fiscal de la Nación se equivocó al intervenir ante el Poder Judicial en el referido caso, y que por tanto debe ser sancionada por eso. Ella como es lógico, cree que actúo correctamente y que será exculpada de todo. ¿Cuál de las dos posiciones es la correcta o la verdadera? Eso esta por verse. El Congreso evaluará el informe de la subcomisión y decidirá, y eso es precisamente lo que hemos dicho en los artículos y la portada del 26 y 27 de mayo del 2005.
La Fiscal de la Nación reconoce que existen dos o más posibilidades en las decisiones que adopte el Congreso, con lo cual acepta la veracidad de nuestra información, simplemente considera que esa hipótesis es parcializada porque supuestamente tomamos la opinión del congresista Javier Diez Canseco (sic) «que planteo la denuncia y que escribe en ese diario casi a diario». Nueva equivocación, el congresista Diez Canseco no escribe a diario en La República, mas bien aparece como articulista del diario Correo. Pero, como hemos señalado en extenso en esta repuesta, es la Fiscal de la Nación la que se niega a concedernos una entrevista, para que La República pueda dar a conocerla a la opinión pública su versión de los hechos.
Conclusión
En este contexto, a través del Tribunal de Ética, La República reitera su interés en entrevistar a la fiscal de la Nación sobre los temas materia de esta queja. Mientras esto no suceda, solo nos quedará seguir recogiendo versiones de terceros oficiales o extraoficiales. Lo otro sería dejar de informar sobre las decisiones de la Fiscal de la Nación, hasta que la doctora Calderón se digne concedernos una entrevista para conocer su opinión, y eso si consideramos sería una falta a nuestro deber con nuestros lectores y la opinión pública.
La República no tiene inconveniente, por que aquí no hay interés personal alguno, y se los hemos dicho al personal de la Gerencia de Comunicaciones Institucionales, que ella puede escoger, si lo cree conveniente, al periodista de este diario que desee que la entreviste. Lo único que pedimos es que la entrevista sea tal y no un monologo y que se nos permita repreguntar para una mejor aclaración del tema en cuestión.
Reiteramos, que no tenemos pruebas de nuestras insistencia en obtener la versión de la Fiscal de la Nación, únicamente nuestra palabra y reputación.
Por último, consideramos no haber faltado a nuestro deber como periodistas al informar sobre la polémica intervención de la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro en el caso del Banco Wiese y en la información sobre el mencionado acuerdo de la subcomisión de acusaciones constitucionales, por lo que solicitamos desestimar la queja por ella presentada.
Atentamente,
César Romero
Editor de la Página Judicial
Acompañamos las pruebas señaladas.
Prueba 1: Copia del artículo de La República del 15 de febrero del 2004, donde se deja constancia de la entrevista con el Fiscal adscrito Aldo Cairo y el secretario general Jorge Palomino: «Opinión de la fiscal no es vinculante».
Prueba 2: Copia del artículo de La República del 16 de febrero del 2004. Datos. Prueba 3: Copia del artículo de La República del 26 de mayo del 2004. Datos.
Prueba 4: Copia del artículo de La República del 27 de febrero del 2004. Fiscal de la
Nación dice que no será investigada.
Prueba 5: Declaración de periodistas de los diarios Correo, Perú 21, La Razón, El
Trome y La Primera sobre las fuentes en el Ministerio Público. Prueba 6: Copia del diario Correo, página 4, del 25 de mayo del 2005.
Prueba 7: Copia del diario La Razón, página 6, carnecitas, del 25 de mayo del 2005.
Prueba 8: Copia diario La República del 28 de mayo del 2005. Sección cartas.
Prueba 9: Copia artículo La República del 12 de mayo de 2005. Página 6. Respaldo a
La República.
Prueba 10: Copia del Informe de Calificación de la denuncia N° 403 de la
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Prueba 11: Copia de artículo de La República del 11 de junio del 2005.
Además, acompañamos para conocimiento del Tribunal de Ética
Prueba 12: Copia de la resolución de la Fiscal de la Nación del primero de diciembre del2004
Prueba 13: Copia de la denuncia N° 238-2003, de la fiscal de la Nación, del 17 de junio del 2004
Prueba 14: Copia de articulo de la página Web de Justicia Viva: Despeinando a la
Fiscal de la Nación, escrito por el ex procurador anticorrupción, Ronald Gamarra Herrera.
Prueba 15: Copia de artículo del congresista Javier Diez Canseco, publicado en el diario Correo, el juves, 17 de febrero del 2005.
Prueba 16: Copia de la denuncia N° 32-02 de la Fiscal Marlene Berru sobre el salvataje del Banco Wiese.
Resolución
EL TRIBUNAL DE ÉTICA
CONSEJO DE LA PRENSA PERUANA
RESOLUCIÓN N° 25-TE/2005
Lima, 6 de julio del 2005.
El Tribunal de Ética:
Vistos la queja interpuesta por doña Nelly Calderón Navarro el 30 de mayo del 2005 contra el diario La República por la publicación y el tratamiento periodístico dado a una información relacionada con la admisión de una denuncia presentada por el congresista Javier Diez Canseco ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República; y, la carta de descargo presentada por el Grupo La República S.A. (caso 15-05- B) con fecha 15 de junio del 2005.
CONSIDERANDO:
Que en su queja doña Nelly Calderón Navarro hace referencia a posibles malinterpretaciones de la normatividad que regula el procedimiento de acusación constitucional existente en el Derecho, pero no alude a ninguna desinformación respecto de hechos que se le hayan atribuido;
Que en su descargo el Grupo La República manifiesta que desearía tener una entrevista con doña Nelly Calderón Navarro para tratar el tema y que la ha solicitado sin éxito por varios canales de comunicación personal;
Que, en consecuencia, no existe materia que rectificar en materia de hechos atribuidos a doña Nelly Calderón Navarro y que, en todo caso, el Grupo La República está dispuesto a entrevistarla sobre ellos tal como lo manifiesta en su descargo de 15 de junio del 2005;
En uso de las atribuciones conferidas por su Reglamento.
RESUELVE:
Declarar infundada la queja interpuesta por doña Nelly Calderón Navarro contra el diario La República.
Regístrese, comuníquese y archívese.
MARCIAL RUBIO CORREA ALFONSO DE LOS HEROS PA.
Presidente Vicepresidente
ARMANDO ZOLEZZI MOLLER LUIS PEIRANO FALCONI
Vocal Vocal
TERESA QUIROZ VELASCO
Vocal
Publicación en el Medio