Queja
Lima, 10 de febrero de 2004
Dr.
Mario Pasco Cosmópolis
Presidente del Tribunal de Ética Consejo de la Prensa Peruana
Presente.-
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle un pronunciamiento del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana sobre el ejercicio de defensa del trabajo que ejercí, mediante un artículo en el diario “Expreso” -del que soy columnista semanal-, ante un pedido de un miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, de cesarme sin causa alguna del cargo de Jefe de comunicaciones de esa institución del Estado, que ejerzo como funcionario de carrera desde el 16 de febrero del año 2000. Tengo noticia de que dicho miembro del Consejo Directivo argumenta ahora que debo ser despedido a causa de haber escrito dicho artículo, que considera ofensivo, pese a que se trata un artículo informativo y de opinión.
Me tomo la libertad de hacer esta solicitud, puesto que está en cuestionamiento la licitud moral del ejercicio de expresión y de opinión en un medio de comunicación, por un periodista profesional en ejercicio, en materia de autodefensa del derecho de trabajo.
Agradeciéndole de antemano la atención de esta solicitud, le saluda atentamente,
Federico Prieto Celi
DNI 08238468
Av. Santo Toribio 210 – San Isidro – Lima Tf. 440-4517 y 9992-7601
Adjunto:
Ayuda-Memoria con la cronología de los hechos. Fotocopias de documentos pertinentes.
Correspondencia
Lima, 22 de marzo de 2004
Dr.
Marcial Rubio
Presidente del Tribunal de Ética
Consejo de la Prensa Peruana
Presente–
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que acaba de llegar a mi poder -por vía regular, a pedido mío-, copia de una carta notarial del señor José Lolas Miani al señor César Donayre Cárdenas, titular de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, mi centro de trabajo, del 13 de noviembre de 2003, expresando su extrañeza por mi conducta en el cargo que desempeño en dicha entidad pública. Por ese motivo, solicito a usted añadir el texto de dicha carta notarial -que adjunto- a mi solicitud del 10 de febrero, que espera su atención, para dar al Tribunal de Ética que usted preside, un documento más de información sobre el caso.
En dicha carta, el señor Lolas hace sobre mí aseveraciones que rechazo (comenzando por mi segundo apellido, que es Celi y no Celli, y por el cargo que ocupo, que es Jefe de la Oficina de Comunicaciones y no Jefe de imagen, detalles que tienen importancia cuando se trata de una acusación formal, como la que pretende hacer).
Debo levantar el cargo que me hace la carta notarial de desprestigiar a la Superintendencia por haber escrito el artículo en Expreso, que es motivo de mi consulta, por el hecho de haberlo hecho siendo el Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la institución a la que sirvo, por cuanto la materia de la nota periodística se refiere al representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el Consejo Directivo de la Superintendencia, es decir, a una persona que no es ni empleador ni empleado de la misma. La limitación que conlleva mi cargo es la de tratar asuntos del sector Salud, que no es el caso.
Debo insistir que escribo en Expreso como ciudadano libre y periodista profesional y no como funcionario público, ni mucho menos, como Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. Esta precisión es muy importante.
Mal podría dañar a la institución un recurso a la transparencia en la defensa de mi estabilidad laboral como funcionario del Estado. Menos aun cuando denuncio una presión indebida. Lo que daña a la imagen del Estado es la presión indebida para obligarme a renunciar o a cesarme. No el hecho de que me defienda legítimamente, siguiendo además el consejo del mismo Superintendente, como ya he dicho, si bien él no precisó cuál podría ser el instrumento o herramienta de mi defensa, como es lógico. He cumplido y cumplo con mantener muy en alto la imagen de la Superintendencia en todo momento. Nada hace pensar, de otro lado, que mi artículo haya afectado negativamente, en lo más mínimo, al prestigio institucional, a raíz de la publicación del mismo.
Debo levantar, asimismo, el cargo implícito de ser un «burócrata» -dicho despectivamente que defiendo mi puesto por incapacidad de trabajar en el sector privado. He trabajado con éxito treinta años en el sector privado, habiendo ocupado elevados cargos en medios de comunicación, el último de los cuales fue el de director del diario El Sol. He acudido al sector público, las veces que lo hecho, a pedido del titular de un pliego presupuestal, para ocupar cargos de confianza. El cargo directivo que actualmente ejerzo en la Superintendencia, por la estructura organizacional de esta institución, es un cargo de carrera, al que ingresé conforme a ley.
No son materia de esta consulta, como es natural, ni mi ideología política ni mi carrera administrativa. Pero conteniendo la carta notarial críticas gratuitas al respecto, me permito aprovechar esta carta para recordar que nunca he trabajado para un gobierno dictatorial ni militar. Al contrario, he sido detenido, preso, deportado, preso nuevamente, así como he sufrido el cierre de un diario y un semanario en los que trabajaba -La Prensa y Opinión Libre- por defender la libertad y la democracia. No me ufano ni me he ufanando antes de ello, pero me veo obligado a señalarlo ahora para desmentir a la carta notarial.
Durante diez años, con intervalos, he trabajado para el Estado. Primero, en el segundo gobierno del presidente Belaunde y después, en el primer gobierno del presidente Fujimori. Mi actual trabajo en la Superintendencia es de carácter eminentemente técnico, puesto que se trata de una institución autónoma y he trabajado en ella con los tres últimos presidentes, lo mismo que ocurrió con mi representación del Ministerio de Educación ante el Sencico, que usted mismo, durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua, tuvo la amabilidad -que agradezco- de respetar, en su calidad de Ministro de Educación.
Si yo he trabajado en la Superintendencia para «una dictadura fujimontesinista», como dice en la carta notarial, lo ha hecho igualmente el 80% del personal de esta institución y, aproximadamente, lo mismo puede decirse de cualquier otra dependencia estatal, como es razonable, si se quiere dar continuidad a la carrera pública.
Agradeciéndole de antemano la atención de esta solicitud, le saluda atentamente,
Federico Prieto Celi
DNI 08238468
Av. Santo Toribio 210- San Isidro- Lima
Tf. 440-4517 y 9992-7601
Adjunto:
Carta Notarial del Señor José Lolas Miani al señor César Donayre Cárdenas
Respuesta TE
Lima, 21 de abril del 2004
Señor
Federico Prieto Celi
Presente
Estimado señor Prieto,
Por encargo del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, se da respuesta a su comunicación de fecha 10 de febrero del 2004 en la que denuncia actos que se estarían cometiendo en su perjuicio.
El ámbito de atribuciones del Tribunal se restringe a acciones o informaciones de los medios de comunicación afiliados al Consejo de la Prensa Peruana.
La solicitud del señor Prieto Celi se dirige a acciones ejecutadas por el miembro del directorio de una entidad del Estado que estaría afectando su libertad de expresión e, incluso, su libertad de trabajo.
El Tribunal de Ética del consejo de la Prensa Peruana no puede extralimitarse en sus atribuciones ni invadir competencias de otros órganos o instituciones. Por tanto, se ve en la necesitad de declinar toda intervención en la aludida solicitud, aunque dejando sentada su inquietud por las acciones que se estarían cometiendo en una repartición pública en agravio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
Atentamente,
MARCIAL RUBIO CORREA
Presidente del Tribunal de Ética
Consejo de la Prensa Peruana