Queja
Señor doctor
Dn. MARCIAL RUBIO CORREA
Presidente del Tribunal de Ética del
Consejo de la Prensa Peruana
Calle Los Ángeles N°211
Miraflores.
De mi consideración
Acudo respetuosamente al Tribunal que usted tan dignamente preside solicitando tenga a bien disponer el estudio del caso que presento y, con la objetividad e imparcialidad que lo caracterizan, dictar las medidas pertinentes respecto de los agravios que a continuación describo.
Los hechos son los siguientes:
- Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, Abogado, Maestro en Derecho Constitucional y Doctor en Derecho. Asimilado como abogado al servicio del Ejército, con una hoja limpia de servicios, pasé al retiro con el grado de General de Brigada; y habiendo aprobado entre otros, el Tercero y Quinto Cursos PROFA para formación de magistrados en la Academia de la Magistratura, postulé en concurso público, a una de las tres plazas vacantes de Vocal para la Sala Suprema Penal Militar Policial, rindiendo los exámenes correspondientes del 30 de Enero al 03 de Febrero de 2006.
- En estas circunstancias, “El Comercio”, en sus ediciones del 04 y 07 de Febrero de 2006; “Perú 21”, en 03 y 04 de Febrero y “La República”, en su edición del 02 de Febrero de 2006, sin respeto a mi dignidad personal, sin prueba que acredite la veracidad de los hechos, y sin un mínimo rasgo de seriedad en sus fuentes de información me difamaron ante la opinión pública; mostrándome a nivel nacional del modo siguiente:
- “EL COMERCIO”.- Me presenta como un profesional con un “pasado cuestionado” y con “antecedentes” y “perlas” como el “haber pedido al Poder Judicial que se inhibiera de juzgar a militares acusados de corrupción”;
- “PERU 21”, publicó: “entre los candidatos a las tres plazas figuran oficiales cuestionados como los generales EP….Pedro Cabezas Córdova….”;
- “Para tres vacantes en la Suprema hay seis postulantes. De ellos, cinco con polémica trayectoria”. “…la mayoría de postulantes se sometió al poder de Montesinos en la década pasada”. “General EP ® Pedro Cabezas Córdova, está procesado ante la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema, acusado del delito de prevaricato en agravio del Estado” (el subrayado es nuestro), “…integró el Consejo Supremo de Justicia Militar durante el gobierno de Alberto Fujimori y cuando Montesinos manejaba las FFAA”;
- “LA REPÚBLICA”.- Publicó “Jueces Montesinistas integrarían la nueva Sala Suprema Militar”, “…A fines del 2005 el Vocal Supremo Luis Lecaros inició proceso al General Cabezas y otros cinco jueces militares por modificar hasta en dos oportunidades una sentencia a favor del Mayor Evaristo Castillo Aste. En la primera sentencia le otorgan amnistía y dispusieron su reincorporación en el Ejército, luego dijeron que no podía regresar y por último, determinaron que castillo Aste reclame en la vía administrativa su regreso al Ejército”. “Los antecedente de los candidatos dicen mucho de su idoneidad para ser nombrados Vocales Supremos Militares. Si son elegidos ganarían Montesinos y Hermoza Ríos”. }
Adjunto señor Presidente los ejemplares de los diarios mencionados, en el orden que he señalado.
- Perjudicados mi honor y reputación públicamente a nivel nacional y utilizada la información como pretexto por algunos miembros del jurado para despojarme de una vacante, pues como señaló el Presidente de la Junta Ricardo La Hoz: “los designados fueron los menos cuestionados por la prensa…”, cursé notarialmente a los tres diarios las cartas cuyas copias adjunto, y en respuesta obtengo lo siguiente:
- “EL COMERCIO”
- Hasta la fecha no publica mi carta notarial con la que solicité la rectificación de la información.
- Su edición del 25 de Febrero de 2006 rotula otra vez, infamemente en su página 15 como “nota breve”, “General niega vínculo con mafia”, y en el contenido expresa que yo aseguro que nunca trabajé en el Consejo Supremo de Justicia Militar en la época de Fujimori, que nunca estuve involucrado en algún caso de la corrupción que dirigió Montesinos ni que solicité que el Poder Judicial se inhibiera de juzgar a los militares acusados de corrupción”.
- La difamación continúa, señor Presidente, al no dar publicidad a mi carta notarial, la ciudadanía no se informa que fui calumniado y difamado sin pruebas precisamente por la Dirección del diario; porque se niegan a concederme las disculpas públicas a que tengo derecho, y porque en el colmo del descrédito me presentan con un título infamante como si yo hubiese promovido una información para la cual sólo tengo como argumento de defensa la fácil negativa del “nunca”.
- “PERU 21”
- El 26 de Febrero de 2006 no sólo publica recortada mi carta notarial sino que, su comentario adicional, me presenta deliberadamente como a un mentirosos frente a la opinión pública. El Director del diario sabe que “estar acusado” significa que el Fiscal encontró argumentos sólidos de la comisión de délito y por ello exige a nombre del Estado, la pena correspondiente. Para dar mayor infamia al comentario, le agrega los años de cárcel con que se sanciona el delito; sin embargo, si hubiera procedido éticamente en respeto al ser humano, habría obtenido información veraz y reparado en que la acusación fiscal no existe y antes bien que con fecha 21 de Febrero de 2006, el Vocal Instructor Dr. Lecaros, de la Corte Suprema de la República, había declarado fundada la excepción de naturaleza de acción que planteáramos los seis Almirantes y Oficiales Generales del Consejo Supremo de Justicia Militar argumentando en su resolución que no se nos puede atribuir la comisión del delito de prevaricato y ordenando consecuentemente el archivo definitivo de la causa. Adjunto para acreditar esto último, copia de la Sentencia y resolución del Tribunal Constitucional así como dos resoluciones de la Corte Suprema de la República sobre el mismo caso.
- Seguidamente la Dirección del diario, en el mismo comentario aludido, pretende ampararse en el Instituto de Defensa Legal para argumentar genéricamente que éste “…ha señalado varios cuestionamientos” a mi persona; a sabiendas que al haber intencionalmente ocultado a la opinión pública partes importantes de mi carta notarial, impide que se conozca que precisamente, en el año 2003, como Vocal Instructor fui el magistrado que se apersonó ante la señora Fiscal de la Nación y ante la Procuraduría Anticorrupción, exhortándolos, con sendos oficios, en respeto a la ley, la Constitución Política, Tratados Internacionales y Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es a la justicia ordinaria a la que correspondía conocer de delitos contra el patrimonio indebidamente instruidos en el fuero militar.
- Finalmente, en el comentario adicional citado, el director se ampara en la persona del hoy Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, quien supuestamente habría informado que “yo no reunía las condiciones necesarias para ostentar tal cargo”, con lo cual resulta que no sólo incumple publicar el tenor completo de la carta rectificatoria sino que, sin haberle dado motivo alguno, me sigue desacreditando. En todo caso, señor Presidente, las pruebas materiales, el puntaje con que fue calificado mi curriculum vitae y las notas que obtuve en las cuatro pruebas escritas de evaluación psicológica, psicométrica y psiquiátrica, así como las actas correspondientes a las mismas y el video de mi entrevista personal por la Junta Calificadora, desmentirán, hoy y siempre, la falsedad de lo que supuestamente habría dicho el ingeniero Francisco Delgado de la Flor representante del Consejo nacional de la Magistratura ante la Junta Transitoria, Calificadora y Designadora.
- “LA REPÚBLICA”, si bien es cierto no publica íntegramente la carta rectificatoria que le remití, como corresponde a su obligación y a mi derecho, sin embargo, intenta ser más objetiva, tal como muestra la fotocopia adjunta.
- El marco publicitario de la información y el interés que motivó la designación de los Vocales Supremos para Integrar la Sala Suprema Penal Militar Policial en instituciones como la Fiscalía de la Nación, La Corte Suprema de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima, el Instituto de Defensoría del Pueblo, el Colegio de Abogados de Lima, el Instituto de Defensa Legal y los partidos políticos, entre otros, lo pone de manifiesto la publicación adjunta del diario “El Peruano” en su edición del 03 de Febrero 2006.
Atentamente
Pedro Cabezas Córdova
(Ver documento original)
Respuesta del medio
El Comercio
Lima, 3 de abril de 2006
Señores
Tribunal de Ética
Consejo de la Prensa Peruana
Calle Los Ángeles No 211
Miraflores.-
Atención: Sra. Kela León
Secretaria Ejecutiva
Referencia: CASO 06-06
De nuestra consideración,
En respuesta a su carta del 6 de marzo de 2006, relacionada con la queja presentada al Presidente del Tribunal de Ética por el General Pedro Cabezas Córdova, Vocal Asesor del Consejo Supremo de Justicia Militar, por el contenido de determinados artículos periodísticos publicados en el diario «El Comercio», a continuación les presentamos nuestros descargos:
- En efecto el 4 de febrero último publicamos en la página A 17 del diario «El Comercio» un artículo titulado “Seis generales compiten por tres vacantes de vocal supremo militar» en el cual se incluyó un pequeño recuadro denominado «Perfiles» que textualmente decía:
Pedro Cabezas Córdova
Rango: General de brigada
Antecedentes: Pidió al Poder
Judicial que se inhibiera de juzgar a
militares · acusados de actos de
corrupción.»
- El 7 de febrero publicamos en la página A» del diario en mención otro artículo titulado «Nuevo vocal propugna una justicia militar separada totalmente del Poder Judicial» en cuyo texto se incluyó el siguiente párrafo relacionado con el reclamante:
«Del candidato Pedro Cabezas
Córdova, también general de
brigada, se conoció que había
pedido al Poder Judicial que se
inhibiera de juzgar a /os militares
acusados en actos de corrupción.»
- El 9 de febrero de 2006 recibimos por conducto notarial una carta del Sr. Pedro Cabezas Córdova, en la cual sostuvo que los hechos publicitados eran falsos, que la supuesta investigación periodística no tenía seriedad ni objetividad, que se basaba en hechos inexistentes habiendo dañado irreparablemente su honor, solicitando una rectificación en las mismas proporciones de cobertura de dichos artículos.
- Atendiendo a su solicitud, esta casa editora procedió a publicar en la Sección «Breves» página A 15 de la edición del 25 de febrero de 2006 del diario «El Comercio» la correspondiente rectificación, en los siguientes términos:
«PRECISIÓN
General niega vínculo con mafia
El general Pedro Cabezas Córdova,
quien participó en el reciente
concurso para elegir a /os vocales
que iban a integrar la sala suprema
militar policial, aseguró ayer que
nunca trabajó en el Consejo
Supremo de Justicia Militar en la
época del gobierno del ex presidente
Alberto Fujimori. Asimismo, señaló
que nunca estuvo involucrado en
algún caso de la corrupción que
dirigió Vladimiro Montesinos ni
tampoco solicitó que el Poder
Judicial se inhibiera de juzgar a /os
militares acusados de corrupción.»
- Como podrán apreciar, esta casa editora procedió a publicar la rectificación solicitada por el General Cabezas, aclarando la información publicada, señalando expresamente que él no solicitó que el Poder Judicial se inhibiera de juzgar a los militares acusados de corrupción, publicación que fue considerablemente más grande y extensa que los párrafos publicados en los artículos bajo reclamo.
- Cabe destacar que conforme alude el mismo General Cabezas, los demás medios de comunicación también informaron sobre sus antecedentes y lo hicieron en términos bastantes más duros que nosotros.
Por lo tanto, consideramos que Empresa Editora El Comercio S.A. ha cumplido con rectificar la información relativa al General Pedro Cabezas Córdova en los términos y proporciones solicitados, cumpliendo a cabalidad con los preceptos legales sobre la materia.
Atentamente,
Empresa Editora El Comercio S.A.
Miguel Angel Salmón Jacobs
Gerente Legal
PERÚ21
Lima, 20 de marzo de 2006
Señores
Tribunal de Ética
Consejo de la Prensa Peruana
Calle Los Ángeles N° 211
Miraflores
Ref: Queja contra Perú.21 del señor Pedro Víctor Cabezas Córdova
De mi mayor consideración:
Respecto a la acción de queja presentada por el general EP (r) Pedro Cabezas Córdova ante el Consejo de la Prensa Peruana sobre las publicaciones de Perú.21 los días viernes 3 de febrero (recuadro en página 3) y sábado 4 de febrero (recuadro y un párrafo del texto central de la nota), y sobre la base del mismo documento donde enumera los que considera puntos en controversia, Perú.21 sostiene:
1. Perú.21, en efecto; publicó: “entre los candidatos a las tres plazas figuran oficiales cuestionados como los generales… Pedro Cabezas Córdoba…”
Esa parte de la información se basa en los cuestionamientos a los ex oficiales que postularon para integrar la Sala Suprema para Casos Militares y Policiales, de parte de instituciones como el Colegio de Abogados de Lima, a través de su decana, la doctora Greta Minaya -quien, inclusive, hizo manifestaciones públicas contra los militares candidatos y contra la ley que facultaba su elección- y el Instituto de Defensa Legal, a través de sus miembros Ronald Gamarra Herrera -ex procurador Ad Hoc- y Carlos Rivera Paz. También la Asociación Pro Derechos Humanos y el Partido Socialista.
El cuestionamiento de esas instituciones contra los militares candidatos, en ese momento, era porque habían pertenecido al Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) y porque varios se habían sometido al poder de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujin1ori a través de la firma del acta de sujeción. En ese sentido, el cuestionamiento al general EP (r) Cabezas Córdova, por parte de estas instituciones, se basó en que este militar- fue denunciado por la fiscalía junto con otros ex miembros del CSJM, por haber, supuestamente, cambiado una resolución en un proceso en el que se involucraba al mayor EP (r) Evaristo Castillo Aste. En una resolución se le concedía amnistía y su reincorporación al Ejército, y en otra, se anulaba dicho fallo.
2. También se informó: «Para tres vacantes en la Suprema hay seis postulantes. De ellos cinco con polémica trayectoria». Asimismo: «La mayoría de los postulantes se sometió al poder de Montesinos en la década pasada».
Esta parte de la publicación corresponde a lo que en Perú.21 conocemos como la «volada» y «bajada» o frases de apoyo al titular principal. En ellas se anuncian lo que se podrá encontrar en el contenido de la información. La misma, por tanto, se basó, también, en lo que se explica en el punto 1 de este informe.
3. Asimismo, se difundió: «General EP (r) Pedro Cabezas Córdova. A la fecha, está procesado ante la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema, acusado del delito de prevaricato en agravio del Estado».
En esta parte de su queja, el general EP (r) Cabezas Córdova, mutila de ese párrafo la frase «A la fecha», la cual determina que en ese momento (sábado 4 de febrero -día de la publicación-) el citado ex oficial sí estaba procesado en la instancia que se indica.
Esto es importante que sea precisado porque ahora el señor Cabezas, según la resolución presentada ante el Consejo de la Prensa Peruana, no tiene proceso debido a que éste fue archivado a través de una excepción de naturaleza de acción. Ese fallo, sin embargo, tiene fecha 21 de febrero (fecha en que se archivo el caso), es decir, 17 días después de la publicación (donde se afirmaba que había proceso).
Hay que decir, además, que si bien esta resolución tiene fecha 22 de febrero, es regular que haya sido notificada varios días después. Por eso en la mesa de partes de la Corte Suprema, el proceso en la Vocalía de Instrucción contra el señor Cabezas continuó figurando en la pantalla de sus computadoras hasta el 1 de marzo.
Por esa razón, en la respuesta de Perú.21 a la carta aclaratoria del señor Cabezas, fechada el 26 de febrero, se indica que sí es cierta la información contenida en nuestro artículo del 4 de febrero respecto a que tiene proceso en la Vocalía de Instrucción.
De otro lado, cuando se señala: «…acusado del delito de prevaricato …», Perú.21 se refiere a que la fiscalía lo ha denunciado con esa imputación (prevaricato), y no quiere decir, de modo alguno, que el juicio esta en la etapa de acusación como parte de la ratificación de la comisión del delito dentro del proceso.
4. También se dijo que: Integró el Consejo Supremo de Justicia Militar durante el gobierno de Alberto Fujimori y cuando Montesinos manejaba las FF.AA»
Sobre esta parte de la información, Perú.21 dio la razón públicamente al general EP (r) Cabezas Córdova, como consta en una de las partes de la respuesta a su misiva publicada el 26 de febrero. Con ello quedó claro que no había integrado el CSJM en la década pasada. En esa respuesta también señalamos que, efectivamente, sí integró el CSJM el año 2003, sobre lo cual el Instituto de Defensa legal (IDL) mantiene sus cuestionamientos en su gestión. También es cierto que el propio presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Francisco Delgado de la Flor, señaló a Perú.21 que no eligieron al general EP (r) Cabezas Córdova como integrante de la Sala Suprema para Casos Militares y Policiales, debido a que «no reunió las condiciones necesarias para ostentar ese cargo».
5. Perú.21 no ha calificado ni tildado como culpable al general en retiro aludido sobre el cargo en su contra en la Corte Suprema sino, más bien, ha dado cuenta del cuestionamiento que instituciones respetadas hicieron contra él y otros militares que postularon para integrar la Sala Suprema para Casos Militares y Policiales, las mismas que también criticaron duramente la Ley que facultó su elección. Dicha Ley (28665), inclusive, fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, la cual aún no se resuelve.
El propio Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), paralizó indefinidamente, la elección de un miembro de la Sala para Casos Militares y Policiales, tras haber elegido a dos de ellos, pues reconsideró su posición al respecto y calificó a la Ley de Inconstitucional. Al mismo tiempo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió no juramentar en el cargo a los dos militares en retiro que habían sido elegidos (Abraham Talavera y Demetrio Rojas). En esa selección, el general EP (r) Cabezas Córdova no resultó elegido para el cargo, no por una acción de Perú.21 sino porque la institución encargada de la selección, simplemente, no lo consideró para el cargo. Perú.21 solo se ha limitado a informar y ha reconocido públicamente que el general en retiro tiene razón en el punto 4 de este informe.
Quedamos a su disposición para cualquier ampliación que consideren pertinente sobre la información antes indicada.
Muy atentamente,
Augusto Alvarez Rodrich
Director
Respuesta TE
Lima, 20 de Septiembre de 2006
General
Pedro Cabezas
Vocal Asesor
Consejo Supremo de Justicia Militar
Presente.-
De mi consideración,
Sirva la presente para acusar recibo de su correspondencia del 31 de agosto, con relación a su solicitud de rectificación de artículos publicados en los diarios El Comercio, La República y Perú.21. Al respecto le informo que durante la sesión del 13 de septiembre, el Tribunal de Ética acordó lo siguiente:
- El Tribunal considera que los diarios Perú.21 y La República cumplieron con publicar adecuadamente sus cartas de rectificación.
- En el caso del diario El Comercio, el Tribunal de Ética considera que, si bien, dicho medio de comunicación cumplió con rectificar la información, lo hizo en estilo de nota periodística, por lo que el Tribunal enviará una comunicación al referido diario, haciéndole notar que en el futuro, deberá puntualizar claramente cuando se trate de una rectificación.
En consecuencia, considerando que su derecho de rectificación ha sido satisfecho, el Tribunal ha decidido archivar definitivamente el caso.
KELA LEÓN
SECRETARIA EJECUTIVA